La administración del presidente Donal Trump pretende implementar un conjunto de limitaciones de gran impacto en relación a la emisión de visas en consulados extranjeros para ejercer presión sobre determinados gobiernos con el fin último de llevar a cabo una deportación sin precedentes de inmigrantes indocumentados.
Las restricciones programadas están amparadas en la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y serían impuestas a países que rechacen a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, por lo que su aplicación gira en torno fundamentalmente a naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La mentada sección le concede al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de dar a conocer al Secretario de Estado los países que se nieguen a recibir a sus nacionales devueltos o posterguen su admisión. A partir de esta información el Secretario de Estado puede ordenar a los consulados estadounidenses enclavados en esos países la suspensión del otorgamiento de visas de inmigrante y de no inmigrante. El objetivo de tal estrategia es forzar a los gobiernos catalogados de «recalcitrantes» a acoger a sus ciudadanos deportados.
Este plan de coacción trascendió hace poco en el marco de una entrevista ofrecida por Thomas Homan, a quien Trump colocó a cargo de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza. El mandatario lo describió como el «zar de la frontera» y le asignó la misión de cumplir con todas las promesas de política migratoria lanzadas durante el desarrollo de su campaña electoral.
Por tanto, en virtud de dicho mecanismo de presión concebido por la actual administración republicana, los nacionales de países que no colaboren con las operaciones de deportación tendrán que lidiar con la paralización de la tramitación de sus solicitudes de visas, lo cual frustraría sus propósitos de salir de Cuba y de emigrar de forma legal a Estados Unidos.
En la década de 1990 el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos concertaron convenios migratorios, a tenor de los cuales este último accedió a otorgar como mínimo 20,000 visas de inmigrante a ciudadanos de la isla. Sin embargo, esta obligación podría estar sujeta a cambios en caso de que el régimen antillano no accediera al reingreso de sus nacionales deportados. Es válido resaltar que la cantidad de personas devueltas en los últimos tiempos desde Estados Unidos hacia la nación caribeña no es significativa, teniendo en cuenta que hasta ahora solo se está realizando un vuelo de deportación con carácter mensual, cuyo promedio de inmigrantes cubanos a bordo se ubica en menos de 50.
Además, Trump aspira a restablecer la política de «tolerancia cero» en la frontera que autoriza a someter a procesos penales a aquellos individuos que efectúen cruces ilegales a través de la misma. Igualmente se espera que en el transcurso de su primer año de mandato sean deportados entre 1 y 1,5 millones de personas, una medida dirigida especialmente a quienes han sido sancionados en el ámbito penal por la comisión de hechos delictivos graves o han recibido órdenes de deportación definitivas.
El mandatario también desea eliminar la posibilidad de que los hijos de inmigrantes con un estado migratorio irregular adquieran la ciudadanía americana por nacimiento. Las personas elegidas para ser deportadas deberán decidir, en caso de que tengan hijos que ostenten la ciudadanía estadounidense, si se los llevarán consigo a sus países de origen o si los dejarán en el gigante del norte. Sin lugar a dudas esta política tendría una repercusión en extremo negativa en numerosas familias de inmigrantes, pues conllevaría a su disgregación con las nefastas consecuencias que ello trae aparejadas, principalmente, en el plano emocional.
