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Un representante sindical informó el sábado que la administración Trump despidió a 20 jueces de inmigración sin proporcionar razones, coincidiendo con amplios esfuerzos para reducir el tamaño del gobierno federal.
El viernes, Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, informó que 13 jueces que aún no habían sido juramentados, junto con cinco jueces asociados de inmigración, fueron despedidos abruptamente sin previo aviso. Esta organización representa a los empleados federales. De manera similar la semana pasada, otros dos jueces fueron destituidos.
Hasta el día de ayer sábado se desconoce si habrá reemplazos por parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la entidad responsable de administrar los tribunales y supervisar a aproximadamente 700 jueces, respecto de una solicitud de comentarios.
Según la Oficina de Información de Acceso a Registros de Transacciones de la Universidad de Syracuse, los tribunales de inmigración enfrentan una acumulación de más de 3,7 millones de casos, y las decisiones de asilo a menudo demoran años en resolverse.
La administración de Trump ya había reemplazado a cinco altos funcionarios judiciales, entre ellos Mary Cheng, quien se desempeñaba como directora interina de la agencia. Sirce Owen, la actual directora y ex jueza de apelaciones de inmigración, ha presentado varias directivas nuevas, muchas de las cuales contrarrestan las políticas establecidas durante el mandato del expresidente Joe Biden.
El Departamento de Justicia suspendió el mes pasado la financiación a las ONG que ofrecen asistencia y asesoramiento a personas en riesgo de deportación. Sin embargo, tras una demanda federal iniciada por un grupo de organizaciones sin fines de lucro, la financiación fue restablecida.
Los recortes de empleo están vinculados a dos de los objetivos clave de Trump: las deportaciones a gran escala y la reducción del tamaño de la fuerza laboral federal.
El jueves, ordenó a las agencias que despidieran a casi todos los empleados en período de prueba que no tuvieran las protecciones del servicio civil, lo que podría afectar a cientos de miles de personas. Estos trabajadores suelen estar empleados desde hace menos de un año.
Según Biggs, un representante del sindicato, no estaba seguro de si los despidos de los jueces tenían como objetivo transmitir una postura específica sobre la política de inmigración. Describió estas acciones como parte de una iniciativa más amplia que afecta a toda la fuerza laboral federal.