Víctima de asalto sexual es sancionada mientras su agresor continúa libre

Una campesina de Pinar del Río víctima de un intento de violación deberá cumplir una sanción de tres años de reclusión domiciliaria por el delito de «atentado» tras defenderse de su agresor, el cual sigue libre y sin cargos, informó Martí Noticias.

La joven campesina Lázara Yairis García Cruz, de 28 años de edad y residente en la Cooperativa Raúl Plasencia, en Pinar del Río, dijo a la mencionada fuente que la pasada semana recibió el dictamen del tribunal municipal de esa ciudad, donde se le comunica la sentencia.

El dictamen precisa que deberá cumplir tres años de reclusión domiciliaria sin internamiento, mientras que Alfonso Rodríguez Pérez, un guardabosque que trató de violarla, goza de total impunidad y continúa trabajando en la misma región donde ella vive y fue agredida.

La joven madre de dos niños, y que está a cargo de la casa y la finca, narra que sufrió las agresiones del guardabosque el 17 de septiembre del 2016, a las 6 pm, cuando se dirigía caminando a la casa de su suegra, y aseguró que lo que ocurrió a partir de ese momento nunca lo imaginó.

Relató que el guardabosque intentó violarla en presencia de los niños, y ella se resistió. Los hijos vieron el «forcejeo» y comenzaron a gritar, entonces el hombre la golpeó con un cinto y la amenazó con una pistola, para que los menores se callaran.

La mujer dijo que finalmente el hombre no logró violarla, y se marchó. Esa misma tarde fue a la estación de policía de Pinar del Río a presentar la denuncia.

“Yo iba toda magullada y llena de moretones, y cuando llegué me di cuenta que ya me estaban esperando, porque el violador se adelantó, y me denunció por haberlo agredido», relató.

Ese mismo día, García fue detenida y la mantuvieron incomunicada por una semana en el Departamento Técnico de Instrucción de Pinar del Río. Luego le abrieron el expediente en fase preparatoria 118/2016, por el delito de «atentado».

“Me liberaron cuando ya se me habían quitado las marcas de las agresiones que tenía en el cuerpo”, explicó.

Desde esa fecha, hasta febrero de este año, la mujer no tuvo más información de las acusaciones que pesaban contra ella, ni la fecha de juicio. Dijo que ha vivido todo el tiempo atemorizada al ver al guardabosque realizando su trabajo en la región.

El 26 de febrero, tres miembros de la organización Defensoría del Pueblo que obtuvieron informes del caso se presentaron en la casa de García para preparar un documento, con la autorización de la mujer, en el que solicitaron al tribunal municipal analizar el caso de nuevo.

«Hicieron entrega del documento el 1 de marzo por la mañana, y por la tarde la citaron para el juicio al día siguiente», dijo José Ernesto Morales, uno de los miembros de Defensoría del Pueblo que se dispuso a acompañarla, pero fue sacado del lugar.

El abogado no ejerce en bufetes estatales, que son los únicos admitidos en Cuba, por eso brinda su ayuda de forma independiente y gratuita a las personas que necesiten asesoría. Intentó estar presente en el juicio para apoyar a la mujer pero «cinco oficiales de la Seguridad del Estado lo impidieron».

García fue al juicio sólo con su abogada, y la pequeña hija que presenció los hechos como testigo, pero el fiscal se negó a que interrogaran a la menor, y “solo escucharon al guardabosque”, que estuvo acompañado de varios oficiales, todos vestidos con uniforme militar.

A la mujer le pidieron dos años de cárcel con internamiento, pero el juicio quedó concluso para sentencia, y finalmente la abogada defensora recibió en el tribunal municipal de El Calero, el documento con la sentencia firme de tres años de reclusión domiciliaria.

García cree que lo ocurrido contra ella forma parte de un acuerdo entre los militares y policías de la zona para “taparlo a él (al agresor) para que no pierda su trabajo y su poderío en la zona”.

La mujer aseguró que el guardabosque sigue haciendo de las suyas en la región, donde recientemente otra joven fue agredida por el mismo hombre, pero «no se atreve a denunciarlo por miedo, y el resto de la gente en la zona también le tiene miedo”, aseguró García.

A juicio de la mujer, nadie espera que las autoridades locales actúen con justicia.

No obstante, el grupo de defensores de derechos humanos insiste en la búsqueda de justicia, y ya comenzó a divulgar el caso en la sección de Asesoria Jurídica del partido opositor Cuba Independiente y Democrática.

El grupo determinó «enviar nuevas cartas a los organismos legales en la provincia, y continuar denunciando el hecho», concluyó el abogado.